INVESTIGACIÓN ESPECIAL
Por Sandy de la Rosa, periodista y director de este portal
Una investigación realizada por el portal Cristoreypuntocom ha revelado una preocupante cadena de irregularidades cometidas por múltiples establecimientos comerciales operados por ciudadanos chinos en la República Dominicana.
El trabajo periodístico, basado en datos oficiales, entrevistas y observación directa, confirma un patrón de evasión de impuestos, violaciones al Código de Trabajo y funcionamiento irregular que atenta contra el comercio justo y los derechos laborales en el país.
La situación fue expuesta públicamente tras el cierre de al menos 13 negocios por parte del Ministerio de Trabajo, con apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Las inspecciones realizadas arrojaron más de 200 violaciones laborales, incluyendo la inexistencia de contratos formales, jornadas excesivas sin pago de horas extras, empleados sin afiliación al sistema de seguridad social, sueldos por debajo del salario mínimo, y condiciones indignas de trabajo.
En el ámbito fiscal, varios de estos comercios no están debidamente registrados, no emiten comprobantes fiscales (NCF) y evaden impuestos como el ITBIS y el Impuesto Sobre la Renta. Esta práctica, además de ilegal, representa pérdidas millonarias para el fisco dominicano y afecta directamente al desarrollo económico del país.
Mientras tanto, cientos de comerciantes dominicanos cumplen con todas las normativas legales, asumen altos costos operativos y luchan por mantenerse en pie en medio de una competencia cada vez más desigual.
“Es frustrante ver cómo algunos se hacen ricos violando la ley, mientras quienes cumplimos tenemos que batallar para sobrevivir”, expresó uno de los empresarios consultados por este medio, que solicitó anonimato por temor a represalias.
Las declaraciones ofrecidas por Rosa NG Báez, representante del Centro de la Colonia China, han causado controversia. En sus palabras, los cierres son “injustos” y “selectivos”, sugiriendo discriminación. Sin embargo, los informes presentados por el Ministerio de Trabajo y la DGII contradicen esas declaraciones, demostrando que las intervenciones se hicieron conforme a la ley, basadas en inspecciones previas y documentación técnica, sin distinción de nacionalidad.
Expertos consultados por Cristoreypuntocom advierten que se trata de un punto de inflexión. “No se puede permitir un comercio paralelo al margen de la ley. O todos cumplen, o el sistema colapsa”, expresó un abogado especializado en derecho laboral.
Este medio reafirma que la inversión extranjera es bienvenida, pero debe hacerse en igualdad de condiciones.
Lo que se defiende no es una bandera, sino el respeto a la legalidad, a la justicia tributaria y al trabajo digno. Permitir que negocios operen al margen del sistema no solo afecta a los empresarios formales, sino que mina la confianza en las instituciones del país.
La investigación sigue en curso.
En próximas entregas, Cristoreypuntocom presentará más evidencias sobre las estrategias empleadas para evadir las leyes dominicanas, incluyendo el testimonio de empleados afectados, inspectores y comerciantes perjudicados por esta realidad.
