Presidente Luis Abinader marca distancia frente a los gobiernos del PLD con una ofensiva anticorrupción sin precedentes

Por Sandy de la Rosa

En el panorama político dominicano vuelve a resurgir el debate sobre la corrupción estatal y el uso adecuado de los recursos públicos. Diversos sectores de la sociedad señalan que durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tanto en las gestiones de Leonel Fernández como en las de Danilo Medina, no se ejecutaron acciones contundentes para enfrentar la corrupción administrativa

A pesar de múltiples denuncias, estos gobiernos fueron criticados por la falta de consecuencias judiciales y por la débil institucionalidad en los organismos de control.

Los analistas recuerdan que, durante esos períodos, varios casos de presunta malversación quedaron sin respuesta efectiva y que, en muchos momentos, la ciudadanía reclamó mayor transparencia y justicia.

Según voces críticas, la falta de medidas firmes contribuyó a la percepción de impunidad y debilitó la confianza pública en las instituciones del Estado. Ese escenario creó un clima de insatisfacción que, años más tarde, se reflejaría en las urnas.

Con la llegada de Luis Abinader al poder, el discurso y la práctica gubernamental han girado hacia una política más activa de combate a la corrupción. El Ministerio Público Independiente, respaldado por el Ejecutivo, ha impulsado investigaciones, sometimientos y procesos judiciales que involucran a antiguos funcionarios.

Esta línea de acción ha sido presentada por el gobierno como una señal de que la justicia debe operar sin influencias políticas y que el Estado no tolerará prácticas fraudulentas.

Paralelamente, el gobierno de Abinader ha enfatizado que los recursos recuperados y la reducción de irregularidades permiten incrementar la inversión pública en sectores clave como salud, educación, apoyo social y obras comunitarias.

Programas de infraestructura, subsidios focalizados y ampliación de servicios estatales han sido promovidos como ejemplos de una nueva visión orientada hacia el bienestar ciudadano. Con estos esfuerzos, el mandatario busca consolidar la percepción de un gobierno que enfrenta la corrupción y que reinvierte el dinero del pueblo en el propio pueblo.