¿Protección gremial o compromiso con la justicia?

Por Sandy de la Rosa

La reciente reacción del Colegio Médico Dominicano ante el apresamiento de dos médicos investigados por presunta mala práctica médica abre un debate que va más allá de un caso en particular: ¿hasta dónde debe llegar la defensa de un gremio cuando existen denuncias que ameritan una investigación judicial?

Es indiscutible que todo ciudadano, incluyendo los médicos, tiene derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a una investigación técnica e imparcial. Ese es un principio fundamental de cualquier Estado de derecho y nadie debería cuestionarlo.

Sin embargo, también es cierto que ningún profesional debe estar por encima de la ley. Si una investigación demuestra que hubo negligencia grave o una actuación que constituye un delito, los responsables deben responder ante la justicia, tal como ocurriría con cualquier otro ciudadano.

La defensa institucional no puede enviar el mensaje de que la sola condición de médico constituye un escudo frente a una investigación penal. La confianza de la población en el sistema de salud también depende de que exista transparencia y de que las posibles faltas sean investigadas con seriedad.

Defender el debido proceso no significa impedir que la justicia actúe cuando existen elementos suficientes para iniciar una investigación. Del mismo modo, investigar no equivale a condenar. Son dos conceptos diferentes que deben coexistir para garantizar tanto los derechos de los profesionales de la salud como los de los pacientes.

La sociedad necesita médicos que ejerzan con ética y seguridad, pero también instituciones que transmitan confianza. Esa confianza se fortalece cuando el mensaje es claro: quien actúa correctamente no tiene nada que temer de una investigación imparcial; y quien comete una falta grave, sin importar su profesión, debe asumir las consecuencias que establezca la ley.

La justicia debe proteger tanto a los buenos médicos como a los pacientes. Solo así se construye un sistema de salud basado en la responsabilidad, la transparencia y el respeto al Estado de derecho.