Conflictos por desalojos en riberas de ríos evidencian desafío entre ordenamiento urbano y responsabilidad ciudadana

 

Por Sandy de la Rosa

La intervención de zonas vulnerables a orillas de ríos continúa generando tensiones entre residentes y autoridades, especialmente en sectores donde por años se han levantado viviendas informales construidas con madera y zinc, sin títulos de propiedad ni planificación urbana.

Durante un reciente recorrido en el sector Las Lilas, en Santo Domingo Este, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, fue increpado por un residente que expresó su inconformidad con la compensación económica ofrecida tras el proceso de desalojo, alegando que los recursos no le permiten adquirir una nueva vivienda.

Sin embargo, este tipo de situaciones reabre el debate sobre la ocupación irregular de terrenos, particularmente en áreas protegidas o de alto riesgo, como las riberas del río Ozama.

En estos espacios, muchas personas levantan estructuras improvisadas, en algunos casos con apenas varias planchas de zinc y madera, asumiendo el riesgo de habitar zonas propensas a inundaciones y sin servicios básicos adecuados.Expertos en urbanismo y gestión territorial señalan que la ocupación ilegal de terrenos no solo afecta el ordenamiento de la ciudad, sino que también complica los procesos de recuperación ambiental y ejecución de obras públicas destinadas a mejorar la calidad de vida colectiva, como parques ecológicos, saneamiento de ríos y reforestación.

Asimismo, advierten que estas prácticas generan un círculo complejo: por un lado, familias en condiciones vulnerables buscan soluciones habitacionales inmediatas; por otro, el Estado enfrenta presiones para otorgar compensaciones económicas o reubicaciones, incluso cuando se trata de terrenos ocupados de manera irregular.

Las autoridades sostienen que los proyectos de recuperación del área oriental del río Ozama buscan devolver espacios públicos a la ciudadanía, reducir riesgos ambientales y promover un desarrollo urbano sostenible.

No obstante, reconocen que el proceso requiere equilibrio entre la aplicación de la ley y la atención social a las familias impactadas.

Este escenario pone sobre la mesa una realidad persistente: la necesidad de fortalecer la educación ciudadana sobre el uso del suelo, así como de establecer políticas habitacionales más efectivas que eviten la expansión de asentamientos informales en zonas vulnerables.